SAN JUAN, PUERTO RICO.- Como «una desfachatez» del gobierno de Pedro R. Pierluisi calificó hoy el senador Javier Aponte Dalmau la pretensión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de vender sin autorización activos del pueblo puertorriqueño.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó dos resoluciones dirigidas a frenar la venta «de manera encapuchada» de 36 propiedades pertenecientes a la AEE, que está bajo la ley de bancarrota y cuyas funciones controlan las empresas norteamericanos LUMA Energy y GeneraPR.
De aprobarse las resoluciones, el senador espera que se haga cumplir los tramites que exige la Ley 508-2004, conocida como Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval de Roosevelt Roads, en el oriental municipio de Ceiba, antiguamente en control de la Armada de Estados Unidos.
Aponte Dalmau afirmó que la AEE tiene planes de vender unas 36 propiedades en desuso y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) está a cargo de las tasaciones y del aspecto legal, lo que se maneja «de manera encapuchada y sin obtener la autorización que establece la Ley 508-2004».
El senador del PPD advirtió que tal proceso «no lo pueden hacer por allá en secreto, sino que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa», a la que corresponde autorizar la venta de los bienes públicos.
Anotó que esta falta de transparencia fue criticada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en diciembre pasado, cuando ordenó dejar sin efecto el contrato para desarrollar un complejo turístico millonario que incluía el hotel Loopland en Roosevelt Roads, porque no pidieron aprobación previa para el contrato.
Al hacer la denuncia, el portavoz del PPD en el Senado de Puerto Rico expresó que «el artículo 6k de la Ley 508, permite a la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, la disposición o enajenación de bienes públicos, siempre y cuando obtenga la autorización de la Asamblea Legislativa».
«Por otra parte, la Sección 10 de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico exige que la venta de activos que haga la AEE tenga el aval de la Asamblea Legislativa, (por lo que) está en crasa violación de ambas leyes al pretender vender activos por debajo de la mesa», afirmó.
Mientras, la otra resolución presentada ordena a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado que investigue las irregularidades denunciadas por la JSF al ordenar al Departamento de Desarrollo Económico la cancelación de varios contratos con Loopland Development, para realizar proyectos turísticos de lujo.
«No sabemos quién está detrás de Loopland y sus contratos que proponen un desarrollo de más de 500 millones de dólares; sí sabemos que se trata de otro proyecto encapuchado y raro que tenemos que investigar minuciosamente para proteger el patrimonio puertorriqueño», insistió el senador.
PRENSA LATINA
